SANTO DOMINGO.- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, aclaró este domingo que al anular la Ley 1-24 que creaba y regulaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el Tribunal Constitucional (TC) no cuestionó su contenido ni identificó violaciones a derechos fundamentales.
Señaló, en una declaración escrita remitida a ALMOMENTO.NET, que el TC fundamentó su decisión de declarar dicha ley inconstitucional, en un error procedimental durante su trámite legislativo.
Resaltó que la aprobación se produjo en ambas cámaras con las mayorías necesarias, pero sin cumplir con las formalidades requeridas para su convocatoria y tratamiento.
VICIO DE PROCEDIMIENTO
Dijo que el Tribunal concluyó que el Congreso no convocó expresamente las sesiones como correspondía para tratar una ley orgánica, aunque ésta obtuvo amplias mayorías: 125 de 126 votos en la Cámara de Diputados y 21 de 25 en el Senado.
«Este incumplimiento vicia la validez de la ley, dado que las normas orgánicas requieren procedimientos específicos según la Constitución y los reglamentos legislativos”, admitió Peralta.
“La sentencia afirmó que la Ley núm. 1-24 está vinculada al ámbito de la seguridad y defensa nacional, lo que le confiere carácter orgánico, pero no regulaba directamente derechos fundamentales como alegaban algunos accionantes”, agregó.
PODER EJECUTIVO ACOGE CRITERIO DEL TRIBUNAL
Peralta dijo que el Poder Ejecutivo respeta y acoge el criterio del Tribunal Constitucional y reitera su compromiso con el cumplimiento estricto de las disposiciones constitucionales y legislativas.
“Saludamos el empeño del Tribunal en garantizar el cumplimiento del procedimiento legislativo en todos sus detalles, lo que fortalece nuestra institucionalidad. El Gobierno está comprometido a seguir impulsando iniciativas que cumplan a cabalidad con el marco jurídico establecido”, expresó.
OPINA IRREGULARIDADES PUEDEN SER SUBSANADAS
El Consultor Jurídico expresó que, aunque la sentencia no las señala explícitamente, las irregularidades mencionadas pueden ser subsanadas mediante el cumplimiento del procedimiento correspondiente en el Congreso Nacional.
Recordó que el Poder Legislativo analiza una propuesta de reforma de la Ley núm. 1-24, fruto del consenso entre el gobierno y diversos actores de la sociedad civil.
SAUL PIMENTEL
